El presidente argentino, Javier Milei, conocido por su retórica agresiva y su ideología ultralibertaria, irrumpió nuevamente ante el Congreso el 1.º de marzo de 2026 con un discurso cargado de insultos a la oposición, a la que tildó de “ladrones, asesinos e ignorantes”, mientras alardeaba de supuestos logros neoliberales y prometía 90 reformas estructurales para profundizar la sumisión del país al capital trasnacional.
Desde su asunción en diciembre de 2023, el jefe de Estado argentino ha impuesto un modelo económico que prioriza el recorte salvaje del Estado y la flexibilización extrema del trabajo, consolidando un escenario de explotación laboral y desigualdad rampante.
En su alocución de casi dos horas, que abrió el período 144 de sesiones ordinarias, el mandatario ultraderechista celebró la reciente aprobación de la reforma laboral ―ratificada en medio de huelgas generales y represión policial―, que permite jornadas de hasta 12 horas, limita indemnizaciones por despido y desvía aportes previsionales a fondos privados para abaratar despidos masivos.
Insultos, mentiras y promesas de más ajustes
Milei no escatimó en afrentas contra sus adversarios políticos, a los que acusó de corruptos y obstruccionistas, mientras exaltaba su alianza con el presidente estadounidense, Donald Trump, bajo el lema “Make America Great Again”. Entre sus “éxitos” autoproclamados destacó una caída del 30 % en el gasto público primario en 2024, una reducción del 18 % en la planta estatal y exportaciones por casi 87 000 millones de dólares en 2025, cifras que medios dedicados a chequear información falsa desmintieron y las calificaron como engañosas.
Otra de sus exageraciones ante los congresistas fue la supuesta incorporación de 600 000 niños a la Asignación Universal por Hijo (solo fueron 96 000); la eliminación total de piquetes (una forma de protesta callejera típica en este país), pues hubo 3 893 en 2025; o la triplicación real de salarios en dólares, ignorando la inflación que devoró ganancias.
El podio en el que se regodeó Milei sirvió de plataforma para anunciar un paquete de 90 reformas en áreas como impuestos, educación, justicia y defensa, con el objetivo de “rediseñar la arquitectura institucional de Argentina para los próximos 50 años”.
Entre las medidas ya implementadas que presentó como éxitos figuran la baja de la edad de responsabilidad penal, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y una ley de glaciares que beneficia a extractivistas, todo avalado por un Congreso ahora dominado por su agrupación, La Libertad Avanza, y aliados del centro derechista Propuesta República (PRO).
Su discurso, interrumpido por gritos y rechazos de la oposición, fue recibido con abucheos y silencio hostil de legisladores peronistas y de izquierda, que lo tildaron de provocador, en un hemiciclo vallado y blindado por miles de efectivos policiales.
Protestas masivas contra la reforma laboral «esclavista»
La reforma laboral fue aprobada en febrero de 2026, tras violentos enfrentamientos en las calles de Buenos Aires donde policías reprimieron con gases, balas de goma y agua a miles de manifestantes y dejaron heridos y detenidos, incluidos menores.
Dentro de sus cambios se asegura de debilitar a los sindicatos, pues limita el impacto de las huelgas y quita poder de negociación a los gremios, al imponer impone un «servicio mínimo» del 75 % de la dotación de personal durante paros en sectores como salud, agua potable, telecomunicaciones, aeronáutica o control portuario. Esto obliga a los trabajadores a mantener operaciones clave incluso en conflicto, evitando paralizaciones totales que históricamente forzaban concesiones gubernamentales.
Ante este nuevo escenario, sindicalistas de la Confederación General del Trabajo y de la Central de Trabajadores de la Argentina lo ven como un golpe mortal a la ultraactividad de convenios y al derecho de huelga ―pilar de la tradición obrera argentina desde 1974―.
Además, la nueva reforma laboral argentina prioriza convenios por empresa, sobre los de rama o sectoriales, debilitando la negociación colectiva nacional de los sindicatos al fragmentar el poder gremial y favorecer acuerdos individuales con los dueños; topea indemnizaciones por despido al 67 % de la remuneración habitual y crea Fondos de Asistencia Laboral con aportes patronales para pagar despidos en cuotas, abaratando despidos masivos y transfiriendo la carga financiera de los ceses e indemnizaciones laborales del sector privado hacia el sistema público de jubilaciones y pensiones de Argentina.
Ante este escenario, el proyecto generó repudio unánime de la izquierda. Sergio Palazzo, del bloque peronista Unión por la Patria (UxP), la calificó de “regresión brutal” de derechos laborales, mientras Esteban Paulón de Provincias Unidas cuestionó su falta de modernización real, ya que no hace mención alguna a la inteligencia artificial o al teletrabajo. Por su parte, Néstor Pitrola, diputado del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U), tildó la reforma laboral de “esclavista“»”. En paralelo, la ley se aprobó en medio de la cuarta huelga general desde la llegada de Milei.
Un país entregado al gran capital
El telón de fondo de estas políticas es un país en crisis social: el desempleo trepó al 6,6 % y la pobreza infantil afecta a 7 de cada 10 menores según indicadores sobre este tema. Igualmente, los salarios en dólares “triplicados” nominalmente no compensan la inflación galopante, empresas cierran plantas por importaciones descontroladas, Aerolíneas Argentinas pasa de déficits a superávits ficticios recortando derechos, y la informalidad ronda el 43 %.
Este grotesco experimento libertario, que Milei ha definido como símbolo y lema de “motosierra”, no es más que la recolonización de Argentina. Su tan recurrente frase de “¡Viva la libertad, carajo!”, repetida en el Congreso este inicio de marzo de 2026, para exaltar recortes estatales y «libertad» económica, se traduce en un festín para mineradoras, agroexportadores y fondos buitre, a costa de la dignidad del pueblo trabajador.
