En conferencia de prensa ofrecida en la mañana de este lunes, Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación, y Yovana Vega Mato, directora del Sistema Empresarial Estatal del propio organismo, informaron sobre la creación del Instituto Nacional de Activos Empresariales, entidad de alcance nacional subordinada directamente al Consejo de Ministros, cuyo presidente fue designado Roberto Ricardo Marrero.
La acción, refrendada en el decreto 144 del Consejo de Ministros y publicada este lunes en la Gaceta Oficial Ordinaria número 54, responde al cumplimiento de las acciones previstas en el Programa Económico y Social del Gobierno para 2026, que tiene como objetivo específico transformar el sistema empresarial estatal, modernizar sus formas organizativas y el sistema de dirección y gestión, así como perfeccionar el marco regulatorio para establecer el tratamiento diferenciado de las empresas.
De acuerdo con el texto del decreto, el nuevo instituto tiene como propósito fundamental avanzar en la separación efectiva de las funciones estatales de las empresariales, potenciar el tejido empresarial mixto, capacitar y auditar las anomalías en el funcionamiento de las estructuras económicas, y facilitar la autonomía real de las empresas estatales. Con ello, se descarga a los Organismos de la Administración Central del Estado de funciones sobre la atención al sistema empresarial, lo que permitirá una mayor especialización y eficiencia en la gestión.
Durante la conferencia, el ministro Alonso Vázquez precisó que las funciones del Instituto no sobrepasarán la autonomía empresarial que se busca, sino que se centrarán en capacitar, supervisar y proponer. «La empresa estatal es propiedad de todo el pueblo —subrayó— y el Instituto tendrá la función de representar a los nueve millones de cubanos para demandar que la propiedad social funcione de la manera más eficiente posible y cumpla con sus obligaciones sociales».
Por su parte, Roberto Ricardo Marrero, recién designado al frente de la nueva entidad, aclaró que el Instituto no se convertirá en un aparato burocrático. «Será un equipo pequeño con el personal indispensable para la realización de sus funciones —afirmó— y en un primer momento compartirá sede con el Ministerio de Economía y Planificación. Nuestro rol será el de garantizar que cada paso que se dé en este proceso de transformaciones necesarias y urgentes para Cuba sea sólido, y que las trabas y errores que aparezcan sean solucionadas a tiempo».
El nuevo presidente del Instituto explicó, además, que el tránsito hacia la nueva estructura será paulatino: no todas las entidades pasarán a ser supervisadas de inmediato por el Instituto, sino que este proceso se desarrollará por etapas, asumiendo funciones que hoy se encuentran diluidas entre varios organismos. Precisó también que el Instituto se reserva el derecho de proponer la creación de empresas estatales de interés nacional, mientras que, en los niveles provinciales, municipales y locales, mantendrá una relación de supervisión. En cuanto a liquidaciones y fusiones de empresas, estas serán decisiones que deberán ser tomadas por los grupos empresariales, los Consejos de Gobierno o las propias empresas.
En otro orden, se informó que el decreto ley 114, “De las asociaciones entre entidades empresariales estatales y no estatales”, que introduce nuevas formas de asociación entre las empresas estatales y los actores no estatales en Cuba, continuará siendo responsabilidad del Ministerio de Economía y Planificación.
Yovana Vega Mato, directora del Sistema Empresarial Estatal, enfatizó la responsabilidad del Instituto en el proceso de capacitación de los directivos de las empresas estatales en la búsqueda de la autonomía real y los resultados que se esperan de ello para la economía nacional. Para ello, ofrecerán un marco de estudios e investigación, así como acompañamiento en el proceso de transformación.
El propio Miguel Díaz-Canel Bermúdez, secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, al clausurar la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura, sentó las bases de esta nueva institucionalidad al afirmar: «Para que la empresa estatal socialista siga siendo el pilar fundamental de nuestra economía debe contar con capacidad real para gestionar, innovar y responder por los resultados. Más autonomía real para las empresas exige una gestión más profesional de los activos del Estado, que estará a cargo del Instituto Nacional de Activos Empresariales, encargado de representar al dueño de los medios de producción, evaluar resultados, exigir eficiencia y separar mejor la función empresarial de la función regulatoria de los ministerios».
