En Colombia, la campaña presidencial arrancó de manera formal el 31 de enero, donde 14 candidatos se inscribieron para competir por el más alto cargo político del país. Pero, la realidad viene escribiéndose desde hace años en las calles, en el Congreso y en los territorios donde la violencia política no ha desaparecido. Además, las elecciones legislativas del 8 de marzo dibujaron más claramente el mapa político colombiano y abrieron oficialmente el camino a la presidencia de la República.
¡Los actores electorales, incluyendo los testigos, son plena garantía de #LegitimidadYTransparencia en el preconteo y escrutinio de votos! Desde la @moecolombia, resaltan la labor de los testigos electorales durante y después de la jornada electoral llevada a cabo este domingo. pic.twitter.com/dyqKHnTK52
— CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) March 8, 2026
Legislativas: un Congreso fragmentado, una izquierda consolidada
Las elecciones legislativas del 8 de marzo dejaron un mensaje claro: el país quiere cambios, pero también instituciones fuertes capaces de contener la polarización. El Pacto Histórico se consolidó como la primera fuerza en el Congreso, con el 23% del voto al Senado y 25 curules, reforzando su bancada frente a 2022 y confirmando el peso del proyecto iniciado por el mandatario actual, Gustavo Petro. En conjunto, el oficialismo suma 62 escaños entre Senado y Cámara, por encima del resto de fuerzas, mientras el Centro Democrático se reafirmó como principal polo opositor con 45 curules. Sin embargo, detrás de las cifras se dibuja otro escenario: no habrá mayorías automáticas para nadie. El nuevo presidente —sea continuidad del actual proyecto o un giro hacia la derecha— tendrá que negociar cada reforma con un Congreso fragmentado, donde liberales, conservadores, verdes y otros partidos tradicionales vuelven a ser decisivos.
La fuerza política más grande del país se consolida así:
✅25 senadores.
⬆️En 2022 éramos 20.✅ 40 representantes a la Cámara.
⬆️Teníamos 26 en 2022.Estos 4 años, pese a los impedimentos, arrancamos bien.
¡Vamos por más y seremos mayoría! pic.twitter.com/v99Qp6t9h2
— Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) March 10, 2026
En medio de ese tablero, la figura de Iván Cepeda emerge como la de un dirigente que encarna una continuidad crítica del petrismo: defender las reformas sociales y la implementación del Acuerdo de Paz, pero corrigiendo errores, reduciendo la confrontación y abriendo el juego a la tradición liberal reformista. Cepeda inscribió su candidatura arropado por el respaldo del presidente, por movimientos campesinos e indígenas. A su lado, Aída Quilcué, lideresa indígena y senadora, no es un adorno simbólico sino un signo de época: el país que llega a estas elecciones ya no puede pensarse sin los pueblos originarios, las víctimas y las regiones históricamente excluidas en el centro del proyecto nacional. Además, la reciente adhesión del exministro liberal Juan Fernando Cristo, con la llamada “Alianza por la Vida”, apunta en esa dirección: consolidar un frente amplio que profundice reformas sociales, acelere la implementación de la paz y, al mismo tiempo, atraiga a sectores moderados y liberales al proyecto del Pacto Histórico, más allá de la izquierda tradicional. “Liberalismo y progresismo no se contradicen”, dijo Cepeda al recibir su respaldo, reivindicando una tradición que lucha contra la injusticia sin caer en el autoritarismo.
Cepeda, que se hizo conocido por su rol en las negociaciones de paz y por denunciar los vínculos entre paramilitarismo, narcotráfico y clase política, reivindica la vía del diálogo y las reformas estructurales como la única salida realista al conflicto armado. Defiende medidas como el aumento del salario mínimo, la reducción de privilegios de congresistas y una redistribución de tierras que toque los intereses de los grandes terratenientes, en un país con una de las concentraciones de propiedad más altas del mundo. Esas propuestas lo colocan en el centro del ataque de una derecha que intenta asociar cualquier reforma social con caos económico o cercanía al crimen organizado.
La derecha entre dos caminos: uribismo renovado y ultraderecha en ascenso
En la otra orilla, la campaña presidencial ha destapado la fractura interna de la derecha entre una versión establecida, encabezada por Paloma Valencia, y una ultraderecha de discurso punitivo y religioso, encarnada por Abelardo de la Espriella. Valencia ganó con holgura la Gran Consulta por Colombia, sumando más de 3,2 millones de votos y convirtiéndose en la carta principal del Centro Democrático y del expresidente Álvaro Uribe. Su fórmula con Juan Daniel Oviedo, economista de perfil técnico, busca atraer a sectores de centro que hoy no encuentran una opción viable en ese espectro.
«Esta no es una elección de derecha, ni de izquierda. Es una elección entre la libertad y la autocracia».*
Candidata Paloma Valencia en entrevista con Patricia Janiot. pic.twitter.com/c2vcrv2yAi
— Centro Democrático (@CeDemocratico) March 16, 2026
De la Espriella, segundo en las encuestas de la derecha, apuesta por un relato donde asegura que no pactará con los partidos tradicionales; se presenta como enemigo de la “vieja política” y reivindica la mano dura, la libre empresa y la familia como eje moral de la nación. Sus guiños a figuras como Nayib Bukele y Donald Trump, y su decisión de romper con las maquinarias, le han permitido capitalizar parte del voto de indignación, aunque su partido Salvación Nacional apenas alcanzó una representación mínima, lejos del salto que prometían sus voceros.
¡Somos la extrema coherencia en Colombia! Quienes nunca le daremos la espalda a la Patria, en sus horas más oscuras.
Firme por la Patria. 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/0nPMU9ulZU
— DE LA ESPRIELLA STYLE (@DELAESPRIELLAE) March 20, 2026
Las tensiones entre ambas campañas son un síntoma de algo más profundo. Mientras De la Espriella acusa a Valencia de recibir apoyos de los partidos tradicionales y de negociar con los “mismos de siempre”, la senadora insiste en que su campaña no ha comprometido ministerios ni cargos a cambio de adhesiones. El pulso entre una derecha que reivindica el orden institucional y otra que lo desprecia en nombre de la “pureza” refleja la encrucijada de un sector que, aunque crece en el Congreso, no consigue ofrecer un proyecto de país que no pase por desmontar las reformas sociales en curso.
A esto se suma la figura de Álvaro Uribe, que polariza completamente los afectos colombianos, e incluso tiene una disputa personal de años con Iván Cepeda. El expresidente representa para unos el orden frente al caos guerrillero y, para otros, el paramilitarismo, los falsos positivos y la parapolítica que dejó 147 congresistas uribistas condenados. Además, Cepeda lo denunció directamente por soborno y manipulación de testigos — cuando el servicio de inteligencia del gobierno de Uribe espió ilegalmente a más de 600 personas y persiguió ilegalmente a opositores—, así como por fraude procesal en su intento de evadir investigaciones por masacres. Tras años de domiciliaria, Uribe fue liberado por tecnicismos judiciales que muchos ven como privilegio de élite, mientras su respaldo explícito a Paloma Valencia reactiva heridas del conflicto, el NO al Acuerdo de Paz, los nexos con paramilitares. En las urnas del 31 de mayo, esa fractura definirá si Colombia elige continuidad transformadora o la restauración cínica del viejo poder.
Seguridad, paz y soberanía: las batallas que cruzan la campaña
En esta campaña, la Misión de Observación Electoral ha registrado altas cifras de violencia política. Hasta marzo de 2026, se contabilizaron asesinatos a 89 líderes sociales y defensores de derechos humanos, 12 precandidatos, 45 atentados contra candidatos y 17 masacres. Entre ellos el ampliamente mediatizado homicidio contra el candidato Miguel Uribe Turbay, lo que recuerda que estos crímenes se mantienen como una herida abierta para el Estado colombiano, a pesar de los avances en elecciones y diálogos de paz.
A esa tensión se suma la polémica desatada por las declaraciones de Iván Cepeda sobre Antioquia como “cuna de la parapolítica, la narcoeconomía y el paramilitarismo”, que generaron rechazo inmediato de la derecha y el propio Álvaro Uribe. El expresidente contraatacó acusándolo sin pruebas de “querer instigarme para que me maten”, mientras Paloma Valencia aprovechó para insistir en una narrativa de “caos” bajo el petrismo, equiparando toda crítica histórica con apología al terrorismo, en un intento evidente de desviar la atención de las complicidades que aún protegen a los verdaderos arquitectos de la violencia. Por su parte, Cepeda respondió con un documento programático que reivindica la modernidad y el trabajo antioqueño, pero mantiene firme la responsabilidad histórica de las élites regionales ligadas al paramilitarismo, mientras denunció “persecución política” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
COMUNICACIÓN PÚBLICA
A Álvaro Uribe Vélez
Señor expresidente y excandidato al Senado:
En atención a sus recientes declaraciones, le solicito que, a la mayor brevedad, presente ante la justicia las pruebas que sustenten la acusación que ha formulado en mi contra, en relación… https://t.co/LuN5Ojbn31
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 21, 2026
También, la campaña ha sido atravesada por acusaciones de injerencia extranjera. La investigación de fiscales de Estados Unidos sobre supuestos nexos del presidente Petro con el narcotráfico, publicada por The New York Times, fue respondida con firmeza por el propio mandatario, que negó haber tenido nunca contacto con narcotraficantes y recordó sus denuncias históricas contra la “gobernanza paramilitar”. La senadora María José Pizarro, jefa de debate de Cepeda, fue más allá y preguntó si no se trataba de una estrategia de injerencia que busca influir en las elecciones colombianas, mientras la candidata uribista Paloma Valencia pidió a Washington ir “hasta el fondo” de las averiguaciones.
Comunicado pic.twitter.com/iHY3kL4SZi
— Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) March 20, 2026
En este choque de narrativas, hay dos visiones del país en juego. Una, que equipara cualquier intento de revisar los lazos entre élites, narcotráfico y violencia con un ataque a la “honra” de ciertos líderes regionales. Otra, que considera impostergable nombrar esas complicidades si Colombia quiere cerrar de verdad el ciclo del paramilitarismo y garantizar que los asesinatos de líderes sociales, sindicalistas y campesinos no sigan siendo un precio silencioso de la política.
Elecciones bajo la lupa: más participación, más observación, más responsabilidad
Si algo distingue este ciclo electoral es que Colombia se mira a sí misma con más atención de la que solía permitirse. La participación en las legislativas superó el 50%, más de tres puntos por encima de 2022, mientras los votos nulos cayeron en más de 150.000, una señal de que la pedagogía electoral empieza a dar resultados. La Registraduría colombiana reivindicó el proceso como transparente y bien organizado, y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea destacó la actuación profesional de los jurados y la rapidez en la publicación de resultados, pese a los desafíos de seguridad.
Así vieron las misiones de observación electoral internacional las elecciones de Congreso de la República en Colombia.
Observadores electorales destacaron la participación ciudadana y el desarrollo de la jornada en orden y tranquilidad, reconociendo el trabajo de organización… pic.twitter.com/uW1hkSOuPy
— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 16, 2026
En este escenario, las encuestas sitúan a Iván Cepeda en cabeza, con alrededor del 35% de intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella y una Paloma Valencia que repunta y ya ronda el 16%. Los sondeos de segunda vuelta anticipan un escenario en el que el senador progresista derrotaría tanto al ultraderechista como a la candidata uribista, aunque con diferencias ajustadas en este último caso.
Sin embargo, más allá de los números, el país llega al 31 de mayo con certezas importantes: habrá que ir a balotaje y, gane quien gane, gobernará con un Congreso dividido que no permitirá cheques en blanco. Para una parte significativa de la sociedad colombiana, la continuidad del rumbo iniciado por Petro —rectificado y profundizado bajo otro liderazgo— es la oportunidad de consolidar reformas que han costado décadas de lucha de movimientos sociales, sindicatos, comunidades indígenas y víctimas del conflicto. Para otra, la elección es la ocasión de frenar ese ciclo y devolver al Estado a una agenda de seguridad de mano dura y restauración del viejo orden.
En un país donde la paz nunca ha sido un punto de partida, sino una conquista frágil, el voto no solo elige un presidente. Hay dos miradas que definen si Colombia avanza hacia una democracia más incluyente, capaz de mirarse en el espejo incómodo de su historia reciente, o si vuelve a esconder bajo la alfombra los nombres y apellidos de quienes se beneficiaron de la violencia.
