El Consejo de Estado acordó la liberación parcial de las funciones laborales de los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, siempre que su responsabilidad lo permita, con el objetivo de garantizar un vínculo más estrecho y permanente con sus electores ante el complejo escenario económico, energético y social que enfrenta el país, agravado por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense.
Según el Acuerdo adoptado el 9 de febrero de 2026, basado en el Artículo 193 de la Constitución y la Ley No. 132, serán los Presidentes de las Asambleas Municipales quienes evalúen en cada territorio dicha liberación; mientras, los delegados que mantengan sus responsabilidades habituales deberán reforzar su labor en días no laborables y la comunidad. La disposición —publicada en las plataformas oficiales de la Asamblea— instruye a los Consejos Populares a intensificar el control popular sobre la producción de alimentos, la energía y los precios, y ordena a las administraciones locales y a la Comisión de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular velar por su cumplimiento.
