22 septiembre, 2021

Y Estados Unidos vuelve a levantar el garrote

Después de más de 20 años de aprobada la Ley Helms Burton este jueves inició la aplicación del Título III, a pesar del rechazo internacional.

El 16 de enero de este año se desempolvó el Título III de la Ley Helms Burton. El Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos anunció la decisión de suspender sólo por 45 días la aplicación de este acápite con la justificación de realizar una cuidadosa revisión, a la luz de los intereses nacionales de los Estados Unidos y los esfuerzos por acelerar una transición hacia “la democracia en Cuba”.

La novedad del tema radica en que todos los Presidentes estadounidenses desde 1996, hasta la actual administración de Donald Trump, han hecho uso de la facultad ejecutiva de suspender la aplicación del título cada seis meses, siendo el aspecto más burdo e inaceptable de esta ley, por ir contra el Derecho Internacional y la soberanía de otros Estados.

El Título III establece la autorización a nacionales estadounidenses a presentar ante tribunales de los Estados Unidos demandas contra todo extranjero que “trafique” con propiedades norteamericanas que fueron nacionalizadas en Cuba en la década del 60, basado en un proceso legítimo, llevado a cabo por el gobierno cubano con pleno apego a la ley nacional y al Derecho Internacional, como reconoció la Corte Suprema de los Estados Unidos.

También la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1974, dispone que “todo Estado tiene derecho a nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros, en cuyo caso, el Estado que adopte esas medidas deberá pagar una compensación apropiada, teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el Estado considere pertinente.

En cualquier caso, en que la competencia sea motivo de controversia, esta será resuelta conforme a la ley nacional del Estado que nacionaliza.

Además, Cuba cuenta con la Ley 80, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en 1996, la cual declara ilícita, inaplicable y sin valor alguno la Helms Burton y ofrece por tanto las garantías para quienes realices negociaciones con la Mayor de las Antillas.

 Entre las nacionalizaciones que hizo el gobierno revolucionario están:

-26 compañías yanquis que poseían tres refinerías de petróleo, los monopolios de la electricidad y del teléfono.

– 36 de los mejores centrales azucareros del país, cuya producción abarcaba el 36 % del total nacional

– First National City Bank of New York, el First National Bank of Boston y el Chase Manhattan Bank (septiembre).

– 382 grandes compañías propiedad de los burgueses, entre ellas, 105 centrales azucareros, 37 bancos de la burguesía nacional local; así como sus 300 sucursales y oficinas que se extendían por todo el territorio nacional (octubre).

Las propiedades españolas, francesas, suizas, británicas y canadienses, con las cuales se acordó la correspondiente indemnización. Solamente Washington se opuso a negociar y aunque reconoció el derecho a la expropiación.

Entre los objetivos centrales de la ley Helms-Burton ha estado entorpecer las relaciones económicas, comerciales y financieras de Cuba con terceros países y afectar su capacidad de atraer inversión directa de capital extranjero para su desarrollo.

Una situación que trasciende el ámbito político para incidir directamente en la vida económica de nuestro país. Más manipulaciones y mentiras ante las que Cuba responde con la reafirmación de la dignidad y soberanía cubanas.

 

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