26 septiembre, 2021

¿Quiénes son los muertos de todos los días en Colombia? Parte II

Los blancos de ataque son políticos locales en el ejercicio del cargo o compitiendo por él; personajes con autoridad en comunidades indígenas y afro, jefes gremiales o comunales, es decir, gente que lidera algún sindicato o alguna colectividad; campesinos y activistas del grupo LGTBI.

Los números son fríos, inexactos y fácilmente olvidables, pero a veces pueden provocar un shock, así de fácil, con solo aparecer y ser duramente ilustrativos, contundentes.

Los números son fríos, inexactos y fácilmente olvidables, pero a veces pueden provocar un shock, así de fácil, con solo aparecer y ser duramente ilustrativos, contundentes. Tal es el caso de los resultados de una investigación del Instituto de Estudios de Desarrollo y Paz de Colombia, Indepaz: 28 líderes sociales asesinados en Colombia en los primeros 28 días del año en curso. ¡Un asesinato diario!

Y si el dato se hubiese congelado allí, pues sería dramático, pero no tan cruento como que matar a quien muestra algún tipo de activismo e interfiere en planes de algún empresario, político, capo o delincuente se ha vuelto un ejercicio sistemático que engorda estadísticas fatales.

Cuando de este tema se habla, hay más de una organización que lleva sus propios cálculos, al margen de los números oficiales, que convenientemente son siempre inferiores. Entre todas las de la nación suramericana, Indepaz goza de bastante prestigio y credibilidad. Pero no ha sido la única en arrojar conclusiones de espanto.

También la Misión de Observación Electoral, MOE, realizó un informe sobre violencia política en el que señala que los primeros 30 días del presente año se registraron 55 hechos violentos contra líderes políticos, sociales y comunales, de los cuales 19 terminaron con la vida del agredido. Por cuenta del Estado, el dato cuesta más encontrarlo, tímidamente se ha hablado de unas 11 víctimas fatales.

Las cifran no coinciden, pero evidentemente hay un consenso en que enero de 2020 fue un mes letal para los colombianos y en los meses siguientes la situación no ha variado demasiado, al punto que, en plena crisis global por el coronavirus, las muertes por esta violencia con marcado sesgo político compiten con las provocadas por la Covid-19 en la nación sudamericana.

Y es cuando menos un contrasentido que una Colombia que presume de «vivir el postconflicto» tras ponerle «fin a la guerra» a través de un «Acuerdo de Paz» después de una prolongada negociación exitosa en medio de otros tantos intentos fallidos entre los archienemigos Estado y guerrilla, ahora atraviese un período tan violento como en los más sanguinarios años de las casi 7 décadas de beligerancia.

¿Quiénes son los muertos de todos los días en una Colombia que presume de paz? Apenas una pregunta de tantas otras a las que quieren mutilarle las respuestas los mismos que están detrás de tantos asesinatos. ¿Por qué los matan? ¿Quiénes los matan? ¿Qué dice el gobierno de tantos muertos? ¿Son hechos aislados o una práctica sistemática? ¿Verdaderamente se acabó la guerra? ¿A dónde fue a parar el Acuerdo de Paz?

Cuentan los medios colombianos que el día primero de enero fue el único de tregua para este plan de exterminio. Porque no es posible calificar de otra manera la oleada de muertes que tras la firma del acuerdo de paz se ha desatado con furia redoblada.

No puede ser posible tampoco que tantos años de guerra hayan naturalizado el inhumano acto de matar, a «lo coser y cantar». Y se maten unos a otros por rencillas personales. Es un asunto tan cotidiano que espanta. Precisamente, la asiduidad de los crímenes ha obligado al jefe de estado a pronunciarse. Solo que el presidente Iván Duque y su comitiva pretenden presentar los hechos de asesinatos a líderes sociales como casos puntuales asociados a la delincuencia común o al narcotráfico. ¿Miopía o encubrimiento?

Los blancos de ataque son políticos locales en el ejercicio del cargo o compitiendo por él; personajes con autoridad en comunidades indígenas y afro, jefes gremiales o comunales, es decir, gente que lidera algún sindicato o alguna colectividad; campesinos y activistas del grupo LGTBI.

En resumen, personas de influencia en todos esos ámbitos que tienen como factor común—y mortal— ser constantes inconformes con las injusticias, defensores a ultranza de su pedacito de tierra o negocio familiar, protectores de sus ya escasos derechos, los primeros en oponerse a cualquier persona, empresa o iniciativa que los ningunee, los que no se quedan callados, aunque lluevan panfletos con amenazas.

¿Casualidad entonces que a toda esta gente la estén matando? Definitivamente, no. No son individuos al azar. Son personas que entorpecen intereses puntuales y a los que es más fácil «dar piso» que intentar convencer o sobornar. Por tanto, no es cosa de delincuencia común y razones triviales.

Es sumamente probable que muchas muertes puedan endilgársele a los narcos y sus sicarios que aniquilan sin piedad a quien entorpezca el oficio, porque es cierto que los sitios de mayor incidencia, donde mayor cantidad de asesinatos se cometen son las regiones con presencia de cultivos ilícitos y las rutas del tráfico de cocaína, la reina blanca que ha querido gobernar Colombia. Pero sucede que allí lo que verdaderamente reina es el desgobierno y no la droga. La permisividad del Estado con el fenómeno y el olvido exprofeso de estos territorios los hace, en primera instancia, culpables por omisión.

El ejército es el único del «status quo» que suele portarse por esas zonas remotas, y lo hace solo cuando quiere apuntarse un éxito militar, como el del 29 de agosto del año pasado. Con esa acción se vitorearon a sí mismos por darle de baja a un alto cabecilla de los grupos escindidos de las FARC, alias Giraldo Cucho y a otros 14 rebeldes.

El bombardeo fue catalogado de «meticuloso e impecable» por el presidente Duque y resulta que poco tiempo después se descubrió que habían muerto como consecuencia del ataque 8 menores de edad. Y cuando le preguntaron sobre el tema al mandatario, se hizo el sueco con un «¿de qué me hablas, viejo?» El «error» le costó el puesto al Ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el resto tan campantes como antes hasta la próxima metedura de pata.

Y mientras, en lo intrincado del monte que vuelve a quedar marginado, no pocos campesinos se ven obligados a ser parte de la cadena de la droga. Son los cultivadores, el eslabón débil que no se enriquece, apenas sobrevive con la coca porque no hay más opción.

Y son los que salen a oponerse a la solución del gobierno: aspersiones con glifosato para cumplir otro «plan» de supuesta erradicación de cultivos. Y si se oponen, hay que «convencerlos». No importa que en el Acuerdo de Paz las aspersiones hayan quedado prohibidas, ya sabemos por dónde se pasan Duque y compañía el Acuerdo de Paz. Esas 300 y tantas páginas que se redactaron en La Habana, para ahora estar engavetadas, irrespetadas, incumplidas.

Siguiendo con las víctimas, están los que no guardan relación con el narco y hasta ayer, hasta antes de morir, eran defensores ambientalistas o de los indígenas que luchaban porque una transnacional no les quitara la tierra y de pronto son un triste titular más. ¿También en estos casos son culpables los capos mafiosos?

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