3 agosto, 2021

Nacionalizar las empresas yanquis, un derecho de Cuba

El seis de agosto de 1960, el Comandante en Jefe Fidel Castro anunció la nacionalización de empresas norteamericanas en Cuba, un acto legítimo de independencia y soberanía.

Nacionalizar las empresas yanquis fue la respuesta de Cuba.

Nacionalizar las empresas yanquis fue la respuesta de Cuba.

El seis de agosto de 1960, el Comandante en Jefe, Fidel Castro anunció la nacionalización de 36 centrales azucareros y de las Compañías de Teléfono y Electricidad de propiedad norteamericana, un acto legítimo de independencia y soberanía.

Fue un proceso absolutamente legal, sobre la base de normas jurídicas nacionales e internacionales vigentes en aquel momento, el cual ya tenía un precedente en la Ley de Reforma Agraria de 1959, y que continuó con la nacionalización de tres bancos en septiembre de 1960 y de las demás propiedades estadounidenses en octubre de ese mismo año.

Las masas populares tenían plena confianza en el programa revolucionario y nacionalizar fue la respuesta a las constantes amenazas emitidas por el imperialismo norteamericano.

«(…) era el camino correcto de un pueblo que quisiera liberarse (…) que las industrias sean de la nación; y la nación pague con su producción; pero que las empresas sean nacionales, que el país no tenga que estar dependiendo de la voluntada de amos extranjero. Que el amo de sus riquezas sea el país, porque no se concibe que un país libre, cuya economía es economía de extranjeros», afirmó Fidel luego del Triunfo de la Revolución.

 La empresa Firestone fue una de las primeras nacionalisadas por el gobierno Revolucionario Cubano. Foto: Archivo
La empresa Firestone fue una de las primeras nacionalisadas por el gobierno Revolucionario Cubano. Foto: Archivo

En plena correspondencia con las ideas del Comandante, el Che subrayó semanas después, en una comparecencia televisiva: «nuestro camino hacia la liberación nacional está dado por la victoria sobre los monopolios y sobre los monopolios norteamericanos concretamente».

Como el Gobierno Revolucionario está en el deber de defender esa economía, y además, es fundamental para la liberación y el desarrollo económico de nuestro país la liquidación de las empresas comerciales o industriales norteamericanas que actualmente constituye en nuestra Patria el residuo del capital financiero de aquel país, ha dispuesto la nacionalización, mediante expropiación forzosa, de todos los bienes de esas 166 empresas, entre las que figuran los Ten Cents, Sears, el Molino Harinero Burrus, Fundición Mcfarlane, la Firestone, la Goodrich, Canada Dry, Coca Cola, Minimax, el Ekloh, Abbot, Squibb, Ferrocarril de Hershey, compañías de seguros y mineras, distribuidoras de maquinarias, autos y accesorios, firmas tabacaleras, hoteles y casinos.[1]

Se cumplían de esta forma las palabras del líder de la Revolución pronunciadas el 15 de octubre de 1960: «Si a nosotros nos siguen las agresiones económicas, nosotros seguimos nacionalizando empresas norteamericanas, de acuerdo con aquella legislación».

Cuba bajo el ampara de la Ley

Con la Ley Fundamental dictada en Cuba, en febrero del año 1959, el gobierno revolucionario estableció los lineamientos básicos de un nuevo régimen político, económico y social. En ella se redactaron las disposiciones legales que ofrecieron una base jurídica suficiente para que el Estado soberano nacionalizase bienes extranjeros situados en el territorio nacional.

Esta Ley estaba absolutamente amparada por el Derecho Internacional Público y considerada en la Carta de las Naciones Unidas (1945) como inalienable e imprescriptible. Y teniendo en cuenta todo el proceso de transformación radical que se deseaba en la Isla resultaba imprescindible cambiar algunas regulaciones establecidas en la Constitución de 1940, como la referente a la propiedad de la tierra anclada aún en un interés privado y teniendo como base el latifundio.

El artículo 24 de la Ley Fundamental, por ejemplo, dejaba claro algunos puntos importantes referentes a la confiscación de “bienes del Tirano depuesto el 31 de diciembre de 1958 y sus colaboradores, los de personas naturales o jurídicas responsables de delitos contra la economía o la hacienda pública, de los bienes de las personas que se enriquezcan o se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público, y los de las personas que fueren sancionadas por la comisión de delitos que la Ley califica de contrarrevolucionarios (…)”, y especificaba que ninguna otra persona, natural o jurídica, podría ser privada de su propiedad si no era por una autoridad competente, “por causa de utilidad pública o de interés social y nacional”.

La Ley Helms-Burton una patraña imperial

El gobierno norteamericano presidido por Donald Trump no sabe qué inventar para deteriorar aún más las maltrechas relaciones existentes entre los Estados Unidos y Cuba. Mal aconsejado por el senador Marco Rubio y su guerrerista Asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, arrecia su política de agredir a Cuba, con el iluso sueño de revertir el proceso revolucionario.

En este sentido, después de los supuestos ataques sónicos contra diplomáticos estadounidenses en La Habana, la comparsa de la Casa Blanca pretende emplear contra Cuba la Ley Helms-Burton, un engendro jurídico tan cuestionable ética y técnicamente.

El título III de la llamada Ley Garrote, establece la autorización a nacionales estadounidenses a presentar ante tribunales de los Estados Unidos demandas contra todo extranjero que «trafique» con propiedades estadounidenses que fueron nacionalizadas en Cuba en la década de 1960, en un proceso legítimo, como reconoció la Corte Suprema de los Estados Unidos, llevado a cabo por el gobierno cubano con pleno apego a la ley nacional y al Derecho Internacional.

Entre las aberraciones más significativas de esta ley, dicho título extiende esta autorización a propietarios que no eran ciudadanos de los Estados Unidos al momento de producirse las nacionalizaciones y cuyas supuestas propiedades nadie ha certificado.

De esta forma, el gobierno del presidente Donald Trump refuerza de manera peligrosa el bloqueo contra Cuba, y viola flagrantemente el Derecho Internacional, a la vez que ataca directamente la soberanía y los intereses de terceros países.

Declaración emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, el 17 de enero de 2019

«Cuba rechaza esa amenaza del modo más enérgico, firme y categórico. La asume como un acto hostil de extrema arrogancia e irresponsabilidad, a la vez que repudia el lenguaje irrespetuoso y calumnioso del mensaje público del Departamento de Estado.»

Nacionalizaciones en cifras:
Fuentes de la infografía de www.cubahora.cu: Radiohc, Tvsantiago, Escambrayy Latinoamericanstudies.org
Fuentes de la infografía de www.cubahora.cu: Radiohc, Tvsantiago, Escambrayy Latinoamericanstudies.org

En pleno siglo XXI y a 59 años después de nacionalizar las empresas yanquis, ante las pretensiones del gobierno norteamericano de reconquistar propiedades ilegítimas, Cuba podría responderle igual a míster Donald Trump: «Se llamaban…».

 

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