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EE.UU.: Washington arrecia agresión contra Cuba

Javier García Bengochea, un médico que emigró a Estados Unidos hace 59 años, afirma haber heredado el 80% del puerto de Santiago de Cuba de uno de sus primos. Mientras Mickael Behn, un estadounidense que vive en Reino Unido, refiere que su abuelo era el presidente de la compañía Havana Docks, que operaba el puerto de La Habana y por ende asegura que él es el dueño incuestionable del muelle capitalino. Ambos decidieron intentar pescar en río revuelto y hacer oficial la primera demanda contra la compañía Carnival Cruise por comercializar con propiedades nacionalizadas o expropiadas luego del Triunfo de la Revolución.

Pero esto es solo el comienzo. De acuerdo con cifras del Departamento de Estado de EE.UU. hay más de 200 mil reclamaciones de cubanoamericanos y casi 6 mil casos de ciudadanos o empresas estadounidenses.  A partir de hoy, todas las reclamaciones son posibles luego de que el presidente Donald Trump decidiera poner en práctica la Ley Helms-Burton en toda su extensión.

Activar el título III de la llamada ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana, el nombre original de la Helms Burton, equivale a que  las empresas extranjeras con negocios en la mayor de las Antillas sean perseguidas financieramente, se les niegue créditos y ayuda para el desarrollo, y por supuesto, la inversión en propiedades estatales cubanas sea severamente castigada.

Este mecanismo legal pone en práctica el carácter extraterritorial del bloqueo. Que no es más que los obstáculos que enfrentan los países que quieran hacer transacciones comerciales con empresas o propiedades de cualquier índole nacionalizadas después de 1959 por el gobierno de la isla y que antes pertenecieron a estadounidenses.

Si la legislación se aplica desde su surgimiento en 1996, ¿por qué nunca antes fue activado su acápite tercero?.La reserva se debe a que sería un verdadero caos comercial que perjudicaría a aliados de Estados Unidos como México, Canadá y la Unión Europea con negocios rentables en Cuba. De hecho, las partes involucradas han tomado medidas para proteger a sus inversores y amenazaron con presentar un caso contra Washington ante la Organización Mundial del Comercio.

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